Las comisiones que los comerciantes pagan por vender con tarjetas de créditos llevaron a que el Gobierno nacional se involucrara en el conflicto. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) anunció que investigará el mercado de plásticos en el país, ante la presunta existencia de conductas desleales y de una posible posición dominante por parte de los bancos emisores de tarjetas.
Empresarios tucumanos ratificaron a LA GACETA su reclamo para que el Gobierno impulse una reducción del arancel que pagan a las operadoras de tarjetas, ya que el 20% de la población usa la tarjeta de crédito como herramienta para financiar consumos. En la actualidad, el arancel es del 3,5%, uno de los más altos del mundo, dicen. Además, subrayaron que al costo de la comisión se suma el pago del alquiler de los posnet (los lectores de tarjetas que cobrar las ventas). Según los comerciantes consultados, el valor mensual que abonan por rentar estos equipos varía entre $ 450 y $ 750. Aseguraron que hay sólo dos empresas que alquilan los artefactos. En paralelo al reclamo de los comerciantes, trascendió que la firma Visa advirtió que, si las comisiones se reducen, podrían peligrar las promociones que rigen para las compras con tarjetas de crédito y de débito, e incluso el programa oficial de consumo “Ahora 12”.
La denuncia de la CNDC, que conduce Esteban Greco, será tramitada ante la Secretaría de Comercio de la Nación, y fue presentada contra la empresa Prisa, que pertenece al Grupo Visa, y que tiene como accionistas a 14 bancos del país. Luego de un estudio, la CNDC precisó que se detectaron la falta de competencia en el financiamiento para el consumo, la falta de transparencia en el sistema de cobro, las comisiones altas y el retraso tecnológico, consignó la agencia Télam.
Durante una entrevista radial, Greco explicó que, de la comisión del 3,5% que aplican las tarjetas por las ventas con plásticos, 2,8% va para los bancos que integran Prisa. Según precisó, esto representó, en 2015, ganancias por $ 16.000 millones anuales para las entidades. Además, señaló que en el país seis de cada 10 compras se pagan con la tarjeta Visa, y que de esas operaciones, el 80% de las tarjetas son emitidas por los 14 bancos que integran Prisa. Frente a las denuncias acerca de una posición dominante en el mercado, Prisa informó ayer que ha ajustado su accionar a la normativa en todo momento, no posee ningún tipo de exclusividades, sino que trabaja con libertad en todas sus actividades, sin generar barreras de entrada a competidores en sus negocios”.
Un sistema distorsionado
Miguel Molina, vice presidente a la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán, señaló que las tasas actuales que los empresarios pagan para vender con tarjetas deberían adecuarse a la realidad económica.
“El consumo está en baja y, para sostener ventas, tenemos que cobrar con tarjetas. Pero las comisiones son muy altas. Debe nivelarlas, porque la inflación comenzó a bajar”, analizó. Además, el directivo puso énfasis en el costo adicional que representa, para los comerciantes, el alquiler del posnet. “Este negocio está en manos de dos empresas monopólicas. El costo del alquiler se suma a la comisión que se paga a la firma operadora de la tarjeta. Esto afecta las utilidades de los comerciantes”, cuestionó Molina.
Por su parte, Pedro Omodeo, titular de la Federación Económica de Tucumán (FET), insistió en que la comisión que se paga por operar con tarjetas es 10 veces más alta que en países de características similares a las de la Argentina. “En el sistema hay prácticas desleales, porque el comercio está obligado a alquilar el posnet a dos empresas. No es dueño de elegir”, criticó.
Consultado sobre la decisión del Gobierno se intervenir en el conflicto por las comisiones de las tarjetas, Omodeo fue claro: “hay una distorsión y es necesario que el Estado se involucre. Los comerciantes y los consumidores son rehenes del sistema”.
Las elevadas comisiones de las tarjetas también afecta a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME). Mediante un comunicado, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) no sólo destacó la intervención de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, sino también pidió la participación del Senado para sancionar una nueva ley de tarjetas. “Fue el Congreso Nacional el que defendió a las PyME al sancionar, primero en 1998 la Ley de tarjetas 25.065 que bajó las comisiones del 10% al 5%. Luego en 2004, se sancionó otra ley que bajó del 5% al 3% la comisión y a 1,5% para las de débito. Y nuevamente hoy, frente a la situación de riesgo de las PyME, el Senado estudia una nueva ley para reducir al 1,5% las comisiones”, recalcó CAME.
“El pronunciamiento de la CNDC es positivo. Pero si el organismo y las autoridades nacionales realmente quieren evitar los abusos del sector financiero deben respaldar la petición de realizar una nueva Ley. En los últimos 20 años ha sido la única forma de contener los atropellos en el mercado financiero”, concluyó CAME.